A MANERA DE BALANCE

En términos de libertad de expresión, al final del año 2009, el país da señales de deterioro y por vez primera en muchos años aparece en la lista de aquellos donde son cometidos crímenes contra periodistas.

El caso específico es el del fotoperiodista Christian Poveda. Pero existen otras formas de afectar la libertad de expresión, como la existencia de leyes o decretos vigentes y abiertamente contrarios a aquella libertad, o la falta de mecanismos legales como una ley de acceso a la información.

La discusión de las propuestas en la Asamblea Legislativa ha llegado a un punto de parálisis pese al entusiasmo inicial mostrado por los diferentes partidos en ese Organo del Estado, que a su vez ha tenido una intensa actividad debido a la discusión de otros asuntos sensibles como la aprobación del presupuesto general, el paquete de reforma fiscal y los reacomodos derivados del surgimiento de fuerzas como GANA.

Se preve que tras el período de vacaciones de fin de año sean retomados otros asuntos que han quedado bajo el sello de pendientes. El punto es que el debate no se reduzca a la obtención de votos en términos númericos, sino a dar paso a condiciones de acceso a la información y se tome en cuenta que no es un privilegio para los periodistas, sino un derecho humano inherente a toda persona.

Bajo este concepto, es claro que no es un favor ni una concesión de los Estados. El asunto es que han comenzado a surgir algunos " ruidos" en el ambiente que deberían ser atendidos, por ejemplo, la idea de reformar la Ley de Telecomunicaciones.

Los funcionarios pertinentes y el propio presidente Mauricio Funes han descartado impulsar iniciativa alguna que en términos de " democratizar la información" se conviertan en mecanismos de control hacia los medios.

Es una buena señal que debería ser completada con la discusión y aval a la ley de acceso a la información. Algunos países del continente, como Ecuador, afrontan en este momento episodios preocupantes como la suspensión de Teleamazonas por dar información basada en datos falsos, un caso en el que los Estados se convierten en censores, y quieren medios a su medida.